No hay futuro sin valores. La
opinión, esta vez, es de la ministra alemana de
Familia, la democristiana Ursula von der Leyen. La
mejor garantía de porvenir es inculcar a los niños
"valores como el respeto, la responsabilidad, la
confianza y la honestidad". Y no hay ninguna
institución que mejor sintetice los valores sobre
los que se ha construido Alemania que la Iglesia
católica y las comunidades eclesiales evangélicas.
Con ellas ha firmado la ministra una "Alianza para
la Educación", que pretende incidir en la formación
en valores desde la primera infancia. Los detalles
todavía no han sido concretados. Se sabe únicamente
que la ministra quiere que el último año del
Kindergarten sea obligatorio, algo que, a su juicio,
beneficiaría especialmente a los niños inmigrantes.
No han faltado las críticas
contra esta iniciativa. Von der Leyen olvida a las
demás confesiones y a los ateos, replican liberales,
ecologistas e izquierdistas. Pero la ministra quiere
tomarse su tiempo. Primero concretará las bases del
plan con las confesiones cristianas mayoritarias. No
puede ignorarse que el 44% de las escuelas
infantiles son católicas o evangélicas, y eso sin
contar las que administran las distintas órdenes
religiosas o asociaciones confesionales. Después, en
otoño, se celebrará una nueva reunión donde sí
estarán presentes los representantes de credos
minoritarios y de distintas organizaciones sociales
y empresariales.
Una de las principales causas del
descenso de natalidad es que las mujeres posponen
cada vez más la primera maternidad. Esto afecta
sobre todo a las licenciadas universitarias, el 40%
de las cuales, según la Oficina Federal de
Estadísticas, no llega a tener ningún hijo. Esperan
una estabilidad económica y una seguridad laboral
que llega demasiado tarde.
Para salir al paso de este
problema, la gran coalición ha encontrado por fin el
punto de equilibrio en el que coinciden el
centro-derecha y el centro-izquierda. Cuando uno de
los progenitores deje el trabajo para cuidar de un
hijo recién nacido, percibirá del Estado el 67% de
su sueldo durante 12 meses, con un tope de 1.800
euros. La baja podrá ampliarse otros dos meses si el
otro progenitor deja también el trabajo o reduce su
jornada a menos de 30 horas semanales.
La medida costará al Estado unos
3.900 millones de euros al año, y el Ministerio de
la Familia cuenta con que se acojan a la baja
parental cerca del 70% de padres.